Amnistía viene del griego amnestia y significa olvido. Imagino que quienes eludieron sus impuestos al Fisco olvidaron sus deberes y hoy se encuentran con una grata amnistía por parte del gobierno español. Aunque ésta no es la primera vez que ocurre en nuestra democracia, si la memoria no me falla (como a ellos).
Investigando en la hemeroteca, pues más vale lápiz corto que memoria larga, encuentro que la primera amnistía fiscal sucedió en 1984, con Miguel Boyer como ministro de economía en un momento en que ni tan siquiera existía el IVA en España y se mantenía, en parte, el secreto bancario. Más adelante, en 1991, el entonces ministro de economía, Carlos Solchaga, ofreció canjear pagarés del Tesoro -que gozaban de opacidad fiscal- con un tipo de interés
inferior al de mercado. Esta triquiñuela se denominó, mediante el eufemismo político, suscripción de deuda pública especial.
Con esta nueva medida, Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, se vuelve a salir con la suya con una decisión que, hasta hace bien poco, cuestionaban en el partido del Gobierno tildándola de "ocurrencia impresentable, injusta y antisocial". Así pues, María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, afirmaba que su partido "no es partidario de subir impuestos" pero tampoco "de defraudar". Y en este sentido insitía en que "no es de recibo que a los que pagan se les suban y a los que defraudan se les perdone". Pues bien, ni una cosa ni otra y donde dije digo, digo Diego.
En definitiva, la Agencia Tributaria pretende recaudar cerca de 2.500 millones de euros que suponen el 10% de estos bienes o derechos no declarados y de esta manera premiar la picaresca española, una vez más, haciendo aflorar unos 25.000 millones de euros en dinero negro que, según los inspectores de Hacienda, a través de su organización principal (IHE), "permitirá blanquear dinero procedente de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la prostitución o el tráfico de armas..."
Ésta es una de las medidas recomendadas por organismos internacionales, como la OCDE, para lograr ingresos adicionales ante situaciones de emergencia, y ha sido adoptada en países como Alemania, en 2003, Italia, en 2009 y Portugal en 2010.
